En fecha 23 de agosto de 2025, siendo aproximadamente las 21:00 horas, personal de la División Comisaría Segunda de Río Gallegos debió intervenir en un procedimiento motivado por un conflicto habitacional con denuncias de amenazas y la presunta presencia de un arma de fuego, ocurrido en un domicilio sito en calle Provincias Unidas al 400 de esta ciudad capital.
El hecho se originó cuando una mujer que regresaba a la vivienda que habitaba denunció que, en su ausencia, un grupo de personas habría ingresado al inmueble por la fuerza, tras dañar una abertura, retirando sus pertenencias y obligándola a permanecer fuera bajo amenazas. Una de las mujeres presentes en el lugar manifestó, por su parte, que el domicilio era de su propiedad y que había decidido ingresar ante la falta de pago del alquiler por parte de la ocupante anterior.
La disputa escaló rápidamente, ya que dentro de la vivienda se encontraban alrededor de siete personas, entre adultos y menores, quienes expresaron su negativa a abandonar el inmueble de manera voluntaria. Dada la tensión del conflicto y la denuncia de que algunos de los presentes podrían estar armados, se solicitó la presencia del Equipo de Intervención en Crisis y de la División Fuerzas Especiales, quienes arribaron al lugar para garantizar la seguridad y abrir un canal de diálogo.
Durante este proceso, el personal especializado mantuvo negociaciones con los ocupantes de la vivienda. Como resultado de este abordaje, primero se logró que los menores de edad salieran del inmueble, quedando bajo resguardo y supervisión de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que dispuso su entrega a familiares directos o responsables legales. Posteriormente, los adultos comenzaron a retirarse de forma progresiva, siendo identificados y trasladados a la dependencia policial para cumplimentar las diligencias ordenadas por la autoridad judicial competente.
Conforme a las directivas impartidas por el Juzgado de Instrucción en turno, se autorizó a una de las partes en conflicto a pernoctar en el inmueble bajo acta de constatación, disponiéndose además una consigna policial fija en el lugar hasta tanto se emitan nuevas instrucciones judiciales.
Cabe destacar que en el procedimiento intervinieron, además, autoridades policiales de la Superintendencia de Seguridad, la Dirección General de Operaciones y la Dirección General Regional Sur, quienes coordinaron acciones conjuntas con las distintas áreas operativas.
La Policía de la Provincia de Santa Cruz subraya que toda la intervención se llevó adelante bajo lineamientos judiciales, priorizando la seguridad de las personas involucradas, la protección de los menores y el resguardo del orden público.
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